Fiscalía violó principio de cooperación judicial y puso zancadilla a la JEP: Antonio Sanguino

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En un agitado debate en la Comisión Segunda del Senado, los senadores Antonio Sanguino e Iván Cepeda demostraron los graves errores y entrampamientos ilegales que cometió la Fiscalía para afectar a la JEP.

5 de junio de 2019. En el recinto de la Comisión Segunda del Senado finalmente se llevó a cabo el debate de control político con la presencia del Ministro de Justicia (e) Juan Francisco Espinosa y el delegado de la Fiscalía Majer Abushihab quienes escucharon atentamente las intervenciones de los senadores sobre la manera como vienen operando agentes encubiertos de la DEA en Colombia sin conocimiento de las autoridades colombianas y cómo la Garantía de No Extradición implementada por la Jurisdicción Especial para la Paz (y prevista en el Acuerdo de Paz), protege el derecho a la verdad y la reparación de las víctimas.

Durante el debate, el Senador Sanguino fue enfático en señalar que el mecanismo de la extradición no ha sido el instrumento más efectivo en la lucha contra el narcotráfico como se ha querido mostrar. Por el contrario, el abuso de este mecanismo en el proceso de desmovilización de los paramilitares generó impunidad y las víctimas que se quedaron esperando la verdad en Colombia. “Los 14 jefes paramilitares que en la madrugada del 13 de mayo de 2008 fueron extraditados a EEUU, fueron excluidos de la Ley de Justicia y Paz y por lo tanto se eliminó la condicionalidad de dar verdad y reparación a las víctimas en contraprestación a beneficios judiciales y rebaja de penas. No hay que olvidar también, que el Presidente de la época, hoy senador Álvaro Uribe Vélez,  manifestó que la voluntad de entregar verdad a las víctimas de sus masacres, quedó a discrecionalidad de los extraditados

También, el senador Sanguino recordó que algunos de los jefes paramilitares extraditados no regresaron a Colombia, dejando en deuda la verdad a sus víctimas.

Por tal razón, explicó Sanguino, es clave que opere la garantía de no extradición prevista en el Acuerdo de Paz. “Que quede claro que la Garantía de No Extradición, no es un premio para los excombatientes de las FARC. Es una herramienta para asegurar la comparecencia de los victimarios en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición y pagar la deuda histórica de una reparación integral que Colombia tiene con 8 millones de víctimas que dejó un conflicto armado”.

Así mismo, el congresista de la Alianza Verde mencionó los ataques de los que ha sido víctima la Jurisdicción Especial para la Paz por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo que ha generado el desprestigio de su labor. “Con el caso Santrich fue evidente que el exfiscal, Néstor Humberto Martínez, violó el Principio de colaboración armónica entre poderes y en lugar de eso le hizo zancadilla a la JEP. El allanamiento que hicieron a las instalaciones de la jurisdicción fue prueba de ello”, apuntó Sanguino.

El congresista cuestionó además las operaciones que vienen adelantando presuntos agentes encubiertos de la DEA, quienes estarían recolectando pruebas sin conocimiento de las autoridades colombianas. El senador recordó que en declaraciones a medios de comunicación el día después de su renuncia, Néstor Humberto Martínez afirmó desconocer los videos y audios que se revelaron tras la decisión de la JEP de aplicar la garantía de no extradición a Jesús Santrich, lo cual evidencia que existen agentes internacionales recolectando pruebas en Colombia “como si esto fuera una república bananera y no fuese soberana”.

Al finalizar el debate y después de escuchar las intervenciones de los citados e invitados, el senador concluyó que existe un área gris que no fue aclarada por la Fiscalía General ni por el Ministerio de Justicia: “es la de la actuación de agentes extranjeros sin que exista un control por parte de autoridades colombianas. Al parecer, estos agentes construyen pruebas y alimentan expedientes. Pero además pareciera que actuaran como agentes provocadores y eso no está permitido en el código penal colombiano. Hemos solicitado explicaciones claras para la opinión pública”.

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