Consulta anticorrupción quedaría para 2018



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Consulta anticorrupción quedaría para 2018

El Nuevo Siglo

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El calendario electoral del próximo año rompería fuegos con la consulta popular anticorrupción, la cual antecedería a los comicios parlamentarios de marzo y la primera vuelta presidencial en mayo. Se han escuchado voces en el sentido que lo más conveniente es que esta iniciativa se hiciera en 2017, pero los tiempos que establece la ley para la revisión de los apoyos, el visto bueno del Senado y la posterior convocatoria del Presidente de la República, hace que esto sea poco probable.

La consulta anticorrupción es una iniciativa ciudadana que tuvo eco en el Partido Alianza Verde, la cual inició su trámite desde principios de este año, pero con antecedentes a finales de 2016, cuando era generalizado el malestar por el crecimiento de este fenómeno con hechos tan escandalosos como los multimillonarios sobrecostos en la modernización de la refinería de Cartagena y la olla podrida que se destapó permitiendo detectar las coimas que pagó la constructora brasileña Odebrecht para hacerse a contratos.

También estaba para la Alianza Verde la frustración que le había generado el hecho de que más de cinco proyectos con medidas contra la corrupción que radicó en el Congreso terminaron hundiéndose o empantanados en su trámite.

En ese sentido, la consulta anticorrupción que promueve esta colectividad y sus parlamentarios recoge los objetivos de cinco proyectos, como es el caso del proyecto de ley de transparencia, archivado en tres oportunidades; dos veces el que reduce los salarios de los parlamentarios; dos veces el que pone límites a la reelección en corporaciones públicas; así como una iniciativa sobre contratación pública.

El pasado 26 de julio los senadores de la Alianza Verde, Claudia López y Antonio Navarro, la representante Angélica Lozano y el presidente de esta colectividad, Antonio Sanguino, entregaron en la Registraduría cerca de 150 cajas que contenían 4’312.653 firmas de ciudadanos en respaldo de la consulta anticorrupción.

Este alto número de firmas hace que la iniciativa sea hasta el momento la que tenga el mayor respaldo ciudadano en la historia del país, lo que de paso le da buenas posibilidades de lograr superar el proceso de revisión de las rúbricas que en este momento adelanta la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues como mínimo requiere  1’762.080 válidas para que siga su curso.

Los tiempos

Para la revisión de la autenticidad de las 4’312.653 firmas la Registraduría cuenta con 45 días calendario, es decir hasta el 11 de septiembre próximo.

En el proceso de verificación de los apoyos a esta iniciativa la Registraduría podrá adoptar técnicas de muestreo.

Serán causales para la anulación de firmas ciudadanas consignadas en los formularios si una persona consignó su apoyo en más de una oportunidad, en este caso se anularán todos sus apoyos excepto el que tenga la fecha más reciente; fecha, nombre o número de las cédulas de ciudadanía, ilegibles o no identificables; firma con datos incompletos, falsos o erróneos; firmas de la misma mano; firma no manuscrita.

Vencidos los 45 días que tiene la Registraduría  de verificación de las firmas y si la consulta anticorrupción alcanza las  1’762.080 válidas, el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, certificará el número total de respaldos consignados, el número de apoyos válidos y nulos y, finalmente, si se ha cumplido o no con los requisitos constitucionales y legales exigidos.

Cuando se haya expedido dicha certificación, la Registraduría enviará al Senado la exposición de motivos de la consulta popular de origen ciudadano.

El Senado se pronunciará sobre la conveniencia o no de la convocatoria a la consulta popular, para lo cual tiene un plazo de un mes contado a partir del cumplimiento del requisito previo.

Es decir que eventualmente el Senado a mediados de octubre venidero daría su visto bueno a la realización de esta consulta.

Dentro de los 8 días siguientes del concepto del Senado el Presidente de la República fijará fecha en la que se llevará a cabo la jornada de votación del mecanismo de participación ciudadana.

La ley establece que la Consulta Popular se realizará dentro de los tres meses siguientes a la fecha del concepto previo de la corporación pública respectiva, en este caso el Senado de la República.

Es decir que la consulta anticorrupción se haría probablemente en la segunda quincena de enero próximo.

Consulta de partidos

Se han escuchado voces planteando que se aproveche la jornada de consulta abierta de partidos este año para hacer la consulta anticorrupción a nivel nacional y en el caso de Bogotá también la consulta antitaurina, ello con el fin de aprovechar la logística en los tres eventos dados los altos costos de su montaje.

Frente a ello el presidente de la Alianza Verde, el concejal de Bogotá, Antonio Sanguino dijo que “el problema es que para que coincida con la consulta de partidos, que están previstas para octubre, pues debería la Registraduría abreviar los tiempos y debería el Congreso también pronunciarse prontamente.” 

No obstante, Sanguino anotó que “hemos propuesto que para aprovechar la logística y para ahorrar recursos que se haga el día anterior a las elecciones parlamentarias, es decir, que aprovechando la logística de las elecciones del 11 de marzo se haga la consulta el día anterior, es decir el día 10 de marzo”.

En cualquier caso, dijo Sanguino, “lo que nos importa es que los ciudadanos puedan pronunciarse en las urnas”

Siete medidas

En la consulta anticorrupción  los colombianos decidirían en las urnas:

1. Reducir de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Vigentes el sueldo de los Congresistas y altos funcionarios del Estado.

2. Aquellas personas condenadas por corrupción deberán pagar la pena en la cárcel sin ningún tipo de beneficio y sus contratos serán terminados unilateralmente.

3. Todas las entidades públicas y territoriales estarán obligadas a usar pliegos tipo para reducir la manipulación de requisitos y la contratación a dedo.

4. Obligar que el presupuesto de inversión de Alcaldías Gobernaciones y Nacional, se desglose y priorice en Audiencias Públicas con la ciudadanía, quien además vigilará su ejecución y contratación.

5. Obligar a los congresistas a rendir cuentas sobre su gestión política y legislativa, de manera periódica y detallada.

6. Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos.

7. Limitar al máximo 3 periodos la permanencia en las corporaciones públicas como Concejos, Asambleas y Congreso.