#Denuncia: La EEB ad-portas de perder 80 millones de dólares

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Otro eslabón que une a Odebreth con la corrupción en Bogotá

El Concejal y Presidente de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, denuncia que la Empresa de Energía de Bogotá, EEB, podría perder más de 80 millones de dólares, en un arbitraje, en el que se encuentra inmersa dicha entidad distrital, en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en Nueva York, por el incumplimiento de una obra en Perú, “Gasoducto Sur Peruano”, cuyo contrato, el Estado peruano rescindió a la empresa Odebrecht, por falta de respaldo financiero.

La historia es la siguiente: en el 2008 en Perú, fue creada la Empresa de Comercialización y Distribución de Energía Contugas, filial de la Empresa de Energía de Bogotá, que posee el 68,8% de las acciones y a través de otra de sus empresas, TGI, posee el restante de las acciones, es decir, el 38,2%, lo que la convierte en la única dueña de Contugas.

Para el 2009, el Ministerio de Energía y Minas del Perú, entregó a la empresa Contugas la concesión para la construcción de un gasoducto, consistente en un tendido de tuberías de 1.134 kilómetros para el transporte de gas en el sur de ese país, y la distribución de gas natural, en la región Ica, por un periodo de 30 años, y que suministraría gas natural a 42.000 usuarios residenciales, 150 usuarios comerciales y alrededor de 20 estaciones de Gas Natural Vehicular (GNV). Además, se proyectaba atender la demanda futura de clientes industriales y de generación termoeléctrica.

En el desarrollo de esta concesión se realizaron otras obras por valor de más de 350 millones de dólares; generando un sobrecosto de $40 millones. El Grupo de Energía de Bogotá (GEB) capitalizó 150 millones de USD, de los cuales la EEB aportó $73,42 millones y TGI 41,98 millones de dólares, y ambas empresa se comprometieron a entregar el dinero faltante que ayudaría a completar los 310 millones de USD presupuestados para esta obra.

“Es claro que el dinero determinado inicialmente terminó siendo insuficiente, pues se presentaron sobrecostos del orden de los 40 millones de dólares y la obra terminó costando más de $350 millones, sobrecostos que asumimos de cierta manera los Bogotanos que somos los principales accionistas de la EEB”, advierte Sanguino.

Para Sanguino la situación es aún más grave si se tiene en cuenta que desde la puesta en marcha del gasoducto, la demanda de gas es mínima, los clientes industriales, y los generadores eléctricos, nunca aparecieron y más de la mitad de su capacidad esta sin utilizar; razón esta que convierte en estos momentos, a esta millonaria inversión en uno de los activos más improductivos de la EEB.

El consorcio liderado por la empresa Peruana “Graña y Montero” que construyó el gasoducto, tiene una petición de arbitraje contra la EEB ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de Nueva York, por 80 millones de dólares, desde el año 2013, ya que de acuerdo al contrato que poseían ambas empresas con el Estado peruano la obra que desarrollaban debía estar lista para julio de 2013, su nivel de ejecución, sin embargo, se encontraba apenas en el 84,31% por lo que se realizó la petición de arbitraje contra la EEB.

EEB ligada con Odebrecht

Por otro lado, la cabeza de Odebrecht, Jorge Barata, declaró ante las autoridades peruanas, que  “Graña y Montero” sabia de las coimas por 20 millones de dólares que le pagaron por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, al ex presidente Alejandro Toledo. Estas declaraciones obligaron a la renuncia de las directivas de la empresa peruana, las acciones en la Bolsa de Valores de Lima de la empresa constructora cayeron un 33.3%, en el mes de febrero pasado, y a que el gobierno peruano les cancelara el proyecto del Gasoducto Sur Peruano, que hoy tiene al  ex presidente Ollanta Humala declarando ante la justicia de su país.

Ante este panorama Sanguino prendió las alarmas y llamo la atención de las autoridades para que las directivas de la EEB respondan ante la ciudadanía y den a conocer la estrategia que implementarán para recuperar la inversión y de esta manera evitar que con dineros de los bogotanos se paguen los 80 millones de dólares que una empresa salpicada por la corrupción hoy reclama.

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