Un mal negocio

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Una equivocada decisión tomará el Concejo de Bogotá si avala la venta de la EEB.

Ojalá que no. Pero una equivocada decisión tomará el Concejo de Bogotá esta semana. Si se imponen las mayorías dóciles a la administración y poco dadas a oír argumentos y explicaciones racionales, se aprobará en segundo y último debate la venta del 20% de las acciones que los bogotanos tenemos en la Empresa de Energía de Bogotá (EEB). Con dicha autorización de venta al Alcalde Enrique Peñalosa, los bogotanos pasaremos de tener el 76% a quedarnos sólo con el 56% de la composición accionaria de esta compañía.

Esta exitosa empresa hoy convertida en un conglomerado empresarial denominado Grupo de Energía de Bogotá (GEB), vivió una importante y positiva transformación en la primera Administración Mockus cuando se convirtió en una compañía por acciones y especializó su participación en el negocio de la transmisión de energía, mientras mantuvo su presencia mediante alianzas estratégicas en la generación con Emgesa y la comercialización con Codensa. Su capitalización, decisión bastante polémica en su tiempo, derivó en que el 24% de sus acciones quedaran en manos privadas, el Fondo de Pensiones Porvenir y Corfinaciera principalmente, del grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo. Posteriormente, la Empresa incursionó en el negocio del Gas adquiriendo la Transportadora de Gas Internacional TGI y realizando importantes inversiones en Perú que hoy representan el 60% de las acciones en la empresa Cálidda.

Salir del 20% de las acciones de una empresa que tiene en sus manos un recurso estratégico para cualquier Estado serio, es un contrasentido, cuando el mundo se está devolviendo de la oleada privatizadora de estos activos en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado. Pero además es una decisión económica irracional. El Alcalde Peñalosa pretende recaudar con la venta de estas acciones 3.5 billones de pesos para cofinanciar parte de su plan vial, cuando la ciudad recibió desde el 2008, por dividendos de la EEB, 3.6 billones de pesos. Bogotá recibió en promedio de esta Compañía 475 mil millones de pesos anuales entre el 2011 y 2015, y en el presupuesto del 2017, que actualmente examina el concejo, se prevén ingresos cercanos a los 700 mil millones. Y el caso de la EEB es contrario al bajo desempeño financiero de las empresas públicas, argumento que se usa habitualmente para justificar sus privatizaciones. Sus indicadores son envidiables: un crecimiento sostenido, según EBITDA consolidado, del 15.2% anual, unos ingresos operacionales en el 2015 de 3.4 billones de pesos y un estimado para este año de 4 billones.

Pero además, este proyecto de la Administración Peñalosa parece tener varios problemas de legalidad que han sido advertidos en su debate en el Concejo. Debió estar antecedido de la presentación ante el Concejo de un plan de enajenación de activos en los dos primeros meses del año, como lo ordena la Ley 226 de 1995. Rompe el principio de sostenibilidad fiscal toda vez que la Secretaría de Hacienda Distrital no ha podido explicar la fuente que sustituirán los ingresos que hoy recibimos por esas acciones, que evite afectar el Marco Fiscal de Mediano Plazo de la ciudad. El Plan Vial a ser financiado con esta operación implica la afectación de la Reserva Forestal Tomas Van Der Hammen sobre la cual existe una protección legal y un plan de manejo ambiental. Por último, la ciudad no cuenta, como lo ordena la ley, con la autorización del Gobierno Nacional para usar los corredores férreos en proyectos viales para buses eléctricos, como se propone.

Resultaría una estupidez oponerse al desarrollo vial de Bogotá. Sobre todo si es para mejorar el Transporte Publico y el derecho a la movilidad de los ciudadanos. Pero se puede hacer responsablemente destinando, por ejemplo, todos los dividendos que recibiremos de la EEB en los próximos años a esa prioridad. Y sin afectar la propiedad democrática que hoy tenemos los 8 millones de Bogotanos sobre el 76% de sus acciones. Alcalde : entregar el 20% de estas acciones al usufructo privado y personal es privatización antidemocrática.

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