¿Tragando sapos?

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No lo dijo un mamerto. Ni un vocero del “Castrochavismo”. Lo afirmó Bernie Aronson, delegado de Estados Unidos para el proceso de paz colombiano. En entrevista para el diario El Tiempo el pasado 3 de julio, advirtió que “los colombianos no deberíamos ver esto (el acuerdo de paz) como un precio que toca pagar para acabar con la guerra sino una oportunidad para realizar reformas que son buenas para todos”. Y coincido plenamente con ello. No es que tengamos que tragarnos sapos, es que La Paz que viene de La Habana reúne posibilidades para sustituir el conflicto armado por el conflicto hablado y empujar cambios tantas veces aplazados en variables asociadas a la existencia de las guerrillas.

Lo que se ha venido acordando en La Habana no es solo un procedimiento para el desarme de las FARC y su reincorporación a la vida civil, como equivocadamente lo afirma el ELN. Como tampoco es una negociación para entronizar un nuevo modelo económico y social de corte socialista, como lo repite la cantaleta uribista. En su justo medio, es un pacto para desestimar y proscribir el uso de las armas por motivaciones políticas, tan característico en nuestro conflictivo proceso de construcción como nación, que atiende los estándares internacionales en la solución de conflictos armados y establece compromisos para desactivar sus factores generadores. Esta es una paz a la colombiana que no da la espalda a nuestros compromisos con la comunidad internacional.

Es bueno recordar que este es el primer acuerdo de paz en el mundo que se hace en vigencia de la Corte Penal Internacional y del Tratado de Roma. Las partes han diseñado un marco de justicia transicional o una Jurisdicción Especial de Paz que incorpora elementos de justicia restaurativa. La verdad se constituye en condición para un tratamiento penal especial a quienes intervinieron en la guerra cometiendo delitos de lesa humanidad. Con ello se evita la impunidad y se viabiliza una solución negociada. Al mismo tiempo se acordó un tratamiento a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición que contó con el aporte y la presencia de las propias víctimas. Tratamiento que tuvo como antecedente de contexto la Ley de Victimas y Restitución de Tierras aprobada por el Congreso de la República o Ley 1448 del 2011.

El desarrollo rural también fue materia de acuerdos. Asuntos elementales como la actualización del catastro rural, el acceso a la tierra y créditos para los campesinos, las zonas de reserva campesina, la disminución de la pobreza rural, la protección de zonas de reserva, entre otros, pretenden responder al problema agrario en aquellas zonas de presencia histórica de las FARC. Articulado, como debe ser, a la recuperación del campo golpeado por la guerra y las equivocadas políticas económicas del pasado reciente, se pactaron acciones y compromisos de sustitución de los cultivos de uso ilícito y un tratamiento al consumo de drogas como un problema de salud pública, en un claro reconocimiento del fracaso de la política antinarcóticos. El desminado y la sustitución de cultivos son actividades compartidas entre Estado y Guerrilla que arrancaron desde antes de la firma del acuerdo final.

Otra variable explicativa del conflicto que ha merecido acuerdos importantes tiene que ver con la participación política. Las garantías para el ejercicio de la oposición mediante la formulación de un estatuto especial, el desmantelamiento de grupos armados herederos del paramilitarismo, la creación de circunscripciones especiales y transitorias de paz para garantizar la participación de las comunidades de las zonas de conflicto en el Congreso de la República, la legalización de las FARC como movimiento político y una reforma al régimen de partidos y al sistema electoral que vienen discutiendo todas las fuerzas políticas del país, son aspectos, que junto con el fortalecimiento de la participación ciudadana, permitirán una apertura democrática que asegura una arena política institucional para dirimir nuestras diferencias políticas.

Nunca antes en la historia de las negociaciones de paz de Colombia habíamos contado con una presencia de la comunidad internacional del nivel que ha merecido el proceso de La Habana. La Organización de las Naciones Unidas, en sus más altas instancias, el gobierno Norteamericano, la Unión Europea, los países acompañantes y garantes, y hasta el Vaticano, han concurrido con entusiasmo, perseverancia y rigor en este esfuerzo de reconciliación. Tampoco antes se había acordado en un proceso de paz una perspectiva de género y de derechos a la población de lgtbi como el conocido hace un par de semanas, que aborda adecuadamente el doloroso episodio de la violencia sexual en el contexto de la confrontación armada.

Me dirán que olvido las deficiencias y problemas del proceso. Y tienen razón. Pero son mucho más destacables las virtudes de un acuerdo que nos permite salir dignamente como sociedad de este laberinto de violencias políticas y cerrar esta infernal fábrica de víctimas. No siento que nos estamos tragando ningún sapo. Estamos, más bien, reconociendo nuestras limitaciones, exclusiones y equivocaciones para avanzar como nación. Esas son mis razones para votar Sí.

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